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La Cámara baja acordó los plazos para discutir en comisiones la extensión del régimen hasta fines de 2027, en un contexto marcado por reclamos en prestaciones, atrasos en aranceles y la suspensión masiva de pensiones.

La Cámara de Diputados dio un paso clave al aprobar el emplazamiento de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda para tratar la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad. El cronograma estipula una reunión informativa conjunta para el miércoles 16 de septiembre a las 12:00, mientras que el miércoles 23 de septiembre, en el mismo horario, se buscará emitir el dictamen necesario para llevar la propuesta al recinto.

El proyecto en debate propone extender la Ley 27.793 hasta el 31 de diciembre de 2027, ya que la emergencia actual vence a finales de 2026. La iniciativa, presentada en agosto, cuenta con las firmas de legisladores como Juan Marino, Natalia de la Sota, Gisela Scaglia, Germán Martínez, Oscar Herrera Ahuad y Pablo Juliano, entre otros.

Conflicto por prestaciones, pensiones y aranceles

El debate legislativo se produce en un escenario de fuerte tensión entre las organizaciones del sector y el Poder Ejecutivo por la falta de cumplimiento integral de las disposiciones vigentes:

• Mecanismo de actualización: La normativa contempla ajustes atados a la inflación; sin embargo, las actualizaciones se están canalizando mediante el nomenclador, situando los montos por debajo del incremento del costo de vida.
• Pensiones no contributivas: Las pensiones por invalidez laboral alcanzan aproximadamente los $370.000 (incluyendo bonos), un valor que resulta insuficiente para cubrir la canasta básica de bienes y servicios.
• Auditorías y reclamos judiciales: La suspensión de más de 100.000 pensiones mediante procesos de auditoría derivó en la presentación de múltiples recursos de amparo judicial, mediante los cuales familias y entidades lograron restituir prestaciones.
• Situación de transportistas y profesionales: Los montos asignados al transporte adaptado continúan desfasados frente a los aumentos de combustible. Tras estar en $500 por kilómetro, el valor fue ajustado progresivamente a $700 y posteriormente a cerca de $900, lejos de los $2.400 solicitados por el sector. Por su parte, prestadores de salud y asistentes terapéuticos perciben en muchos casos haberes mensuales cercanos a los $200.000.

Un llamado urgente a la cobertura y el cumplimiento legal

Frente a este complejo panorama, la aprobación de la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad se consolida como una medida indispensable para brindar un marco de contención y previsibilidad a miles de familias, prestadores y profesionales en todo el país. Sin embargo, los referentes del sector coinciden en que la extensión formal de la normativa debe ser acompañada por un compromiso efectivo del Estado en su aplicación plena. Garantizar el cumplimiento integral de los mecanismos de actualización legal, regularizar los pagos y asegurar el acceso a las pensiones no es solo una exigencia presupuestaria, sino la obligación de resguardar derechos fundamentales que no pueden quedar desatendidos.

Promulgado a través de la Resolución 1115/2026 del Ministerio de Salud, el programa busca unificar la atención médica en todo el país, formar profesionales y acompañar de forma integral a los pacientes y sus familias.

El Gobierno nacional formalizó la creación del Plan Nacional del Trastorno del Espectro Autista (TEA), una iniciativa destinada a optimizar el sistema de salud en torno a la detección oportuna, el tratamiento adecuado y el acompañamiento permanente de las personas con esta condición. La medida fue oficializada este lunes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1115/2026 del Ministerio de Salud de la Nación.

Esta estrategia funcionará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y fijará una referencia técnica uniforme para todas las provincias y jurisdicciones. El propósito central es asegurar intervenciones respaldadas por evidencia científica y ofrecer información clara y accesible tanto a los profesionales sanitarios como a las familias de los pacientes.

Los seis pilares de la iniciativa

El plan se estructurará a través de seis ejes prioritarios de gestión:

1. Promoción y prevención: Campañas públicas para generar concientización e inclusión de pruebas de pesquisa en la atención primaria.
2. Capacitación profesional: Formación continua para personal de salud y miembros de la comunidad educativa, acompañada de guías unificadas para el diagnóstico y la derivación.
3. Acompañamiento integral: Apoyo terapéutico para las personas con TEA y asistencia psicológica especializada para padres y cuidadores.
4. Investigación e innovación: Promoción de estudios científicos y convenios con instituciones especializadas.
5. Diagnóstico epidemiológico: Creación del primer relevamiento nacional sobre la incidencia del TEA en el país, capacitando a las redes de vigilancia locales.
6. Coordinación intersectorial: Articulación activa entre los diferentes niveles del Estado y sectores sociales.

Para supervisar el cumplimiento y la efectividad del programa, las autoridades implementarán un sistema de monitoreo periódico mediante indicadores de gestión. Esto permitirá evaluar los avances en tiempo real y realizar las correcciones necesarias para garantizar la continuidad y calidad de la atención.

El documento aclara que la implementación del plan no implicará erogación presupuestaria para la jurisdicción, ya que se desarrollará en el marco de los recursos y programas existentes. Esta decisión se fundamenta en la necesidad de optimizar los mecanismos de coordinación y referencia entre los distintos niveles del sistema de salud, sin generar gastos adicionales.

A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, el Gobierno nacional eliminó las compensaciones económicas a las empresas de colectivos de larga distancia. La medida genera una profunda incertidumbre sobre el cumplimiento de los viajes gratuitos y agrava la situación de un sector que denuncia un desamparo sistemático.

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El Gobierno Nacional impulsa una normativa que busca auditar y reempadronar a los beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez. Sin embargo, la abogada Paola Solé advierte sobre las graves consecuencias de suspender beneficios de forma provisoria y de eliminar el nomenclador nacional de prestaciones básicas.

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La movilización nacional rechaza el proyecto “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez” por considerarlo un ajuste que pone en riesgo derechos básicos. Desde Comodoro Rivadavia, la presidenta del Consejo Municipal de Discapacidad, Carla Sueldo, advirtió sobre la “desidia total” del Estado ante una iniciativa que recorta ingresos, penaliza el trabajo formal y desregula los tratamientos esenciales.

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A través del Decreto 84/2026, el Gobierno Nacional puso en marcha la Ley N° 27.793. El avance representa una victoria para las organizaciones del sector, tras meses de puja judicial y legislativa. Se crea un nuevo régimen de pensiones con criterios de acceso, condiciones de permanencia y mecanismos de control.

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