A través del Decreto 84/2026, el Gobierno Nacional puso en marcha la Ley N° 27.793. El avance representa una victoria para las organizaciones del sector, tras meses de puja judicial y legislativa. Se crea un nuevo régimen de pensiones con criterios de acceso, condiciones de permanencia y mecanismos de control.
En una jornada clave para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, el Boletín Oficial formalizó este miércoles la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (N° 27.793). La medida, oficializada mediante el Decreto 84/2026, llega como respuesta a un fallo judicial determinante que obligó al Poder Ejecutivo a cesar la suspensión de la norma y garantizar su plena ejecución.
Este hito no es solo un trámite administrativo; es el resultado de un extenso derrotero que incluyó un veto presidencial en 2025, una insistencia histórica del Congreso por mayoría calificada y, finalmente, la intervención del Juzgado Federal de Campana, que el pasado 12 de diciembre declaró inválida la suspensión de la ley por falta de financiamiento.
Los pilares del nuevo esquema
La reglamentación introduce cambios significativos en la gestión de las prestaciones y el acompañamiento estatal. El punto central es la creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, un esquema que unifica y reemplaza las prestaciones anteriores bajo nuevos estándares:
- Criterios de Acceso y Permanencia: Se establecen evaluaciones socioeconómicas detalladas y revisiones periódicas.
- Auditoría y Control: La Secretaría Nacional de Discapacidad (ahora bajo la órbita del Ministerio de Salud) tendrá facultades estrictas para realizar relevamientos y verificaciones de las prestaciones vigentes.
- Conversión Automática: Las pensiones otorgadas anteriormente se integrarán de forma progresiva al nuevo sistema, obligando a un proceso de transparencia en el padrón nacional.
- Incompatibilidad con otros beneficios: para evitar duplicidades o superposiciones.
Asimismo, la Secretaría Nacional de Discapacidad tendrá mandato para convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar parámetros operativos y auditorías en un plazo de 30 días.
El valor de la lucha colectiva
Desde Comunidad Inclusiva ponemos de relieve que esta reglamentación no habría sido posible sin la presión de las organizaciones de la sociedad civil. El fallo del juez federal de Campana fue claro: el Estado tenía un plazo de 30 días para actuar, fijando el 4 de febrero de 2026 como fecha límite para que la ley estuviera en “plena ejecución”.
“La justicia le recordó al Gobierno que los derechos sociales no pueden quedar supeditados exclusivamente a la disponibilidad de caja, especialmente cuando se trata de un sector históricamente marginado”, señalaron referentes del colectivo tras conocerse el decreto.
Desafíos pendientes: El financiamiento en la mira
Pese a la importancia del avance formal, la comunidad se mantiene en alerta. La reglamentación menciona la “compatibilidad con recursos disponibles” y la necesidad de acuerdos de cofinanciamiento con las provincias.
Este punto genera incertidumbre entre analistas y familias, dado que el sistema arrastra años de deudas acumuladas y desfasajes en los aranceles de las prestaciones. El desafío ahora será transformar el papel impreso en el Boletín Oficial en soluciones concretas que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad en todo el país.
