El Gobierno Nacional impulsa una normativa que busca auditar y reempadronar a los beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez. Sin embargo, la abogada Paola Solé advierte sobre las graves consecuencias de suspender beneficios de forma provisoria y de eliminar el nomenclador nacional de prestaciones básicas.
El Poder Ejecutivo presentó recientemente el proyecto de ley denominado “Contra el fraude de pensiones por invalidez”. Según explicó la abogada Paola Solé, diplomada en Derecho de Salud y de Daños, la iniciativa tiene como objetivo central realizar una auditoría y un reempadronamiento masivo de todas las personas que perciben pensiones no contributivas por discapacidad.
Si bien la letrada reconoce que el control estatal es necesario, advierte que los mecanismos propuestos podrían vulnerar los derechos de uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad.
Los tres ejes de la discordia
A través de su análisis, Solé identifica tres puntos críticos que definen este proyecto de ley y que generan una profunda preocupación en el sector:
1. Auditoría y suspensiones provisorias
El proyecto habilita al Gobierno a suspender la pensión de manera provisoria si considera que hay inconsistencias en el cruce de información o si la persona no ha cumplido con el reempadronamiento.
“Lo que prevé el proyecto de ley es que se habilita al gobierno a suspender provisoriamente esta pensión cuando ellos consideren que hay cruce de cierta información o falta de reempadronamiento”.
Solé destaca que el problema principal es el factor tiempo: un trámite administrativo para acreditar nuevamente una discapacidad puede demorar meses, dejando a la persona sin su sustento vital. “Son 4 o 6 meses sin cobrar. Entonces es grave la situación”.
2. Incompatibilidad con el empleo registrado
Actualmente, la ley permite que una persona con discapacidad mantenga su pensión y, en paralelo, tenga un empleo en blanco o sea autónoma, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos. El nuevo proyecto busca derogar esta compatibilidad.
- Se determinaría que no es compatible recibir la pensión y tener un trabajo registrado (relación de dependencia o autónomo).
3. Eliminación del Nomenclador de Prestaciones Básicas
Para la especialista, este es el punto más alarmante. El nomenclador fija los valores que las obras sociales, prepagas y el Estado deben pagar por las terapias y servicios de discapacidad. Su eliminación permitiría que cada financiador acuerde de forma privada el pago con sus prestadores.
“Si hoy tenemos un nomenclador vigente en todo el territorio de la nación y no lo cumplen, imagínate cuando no haya nomenclador. Es una locura”.
Según Solé, esto derivaría en que las prepagas decidan voluntariamente cuánto pagar. “Si la obra social decide pagarle al acompañante terapéutico 500 pesos la hora, ¿quién va a ser el acompañante terapéutico? Nadie”. El remanente del costo de la prestación terminaría recayendo sobre las familias o la propia persona con discapacidad.
El trasfondo económico: El Sistema Único de Reintegro (SUR)
La abogada vincula la quita del nomenclador con un intento del Estado de desligarse de sus responsabilidades financieras. Actualmente, las obras sociales pagan a los prestadores y luego el Estado les reintegra ese dinero a través del Sistema Único de Reintegro.
“Si se elimina el nomenclador, no hay base para hacer el reintegro”. Solé sugiere que esta medida es una cadena lógica: sin valores de referencia, el Estado deja de tener una base nomenclada para devolver esos fondos a las prestadoras de salud.
“Control sí, pero no a cualquier costo”
Como conclusión, Paola Solé enfatiza que, aunque auditar para evitar fraudes es correcto, el método de “suspender primero e investigar después” es perjudicial.
“Me parece que es disminuir estos derechos o afectarle aún más la vida que ya tienen con una menor calidad. ¿Por qué van derecho a ese sector tan vulnerable de la sociedad?”.
Ante este escenario, la especialista señala que, de aprobarse la ley, se abriría una nueva ola de reclamos judiciales y amparos para defender los derechos de las personas con discapacidad, quienes quedarían a la deriva sin un marco regulatorio que garantice sus prestaciones.
