La movilización nacional rechaza el proyecto “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez” por considerarlo un ajuste que pone en riesgo derechos básicos. Desde Comodoro Rivadavia, la presidenta del Consejo Municipal de Discapacidad, Carla Sueldo, advirtió sobre la “desidia total” del Estado ante una iniciativa que recorta ingresos, penaliza el trabajo formal y desregula los tratamientos esenciales.
Movilización nacional y preocupación en Comodoro Rivadavia
Este miércoles 22 de abril, la comunidad de personas con discapacidad, junto a sus familias y transportistas, llevará adelante una jornada de protesta nacional. El punto central será a las 10:00 de la mañana frente al Ministerio de Salud de la Nación, pero el reclamo se sentirá en plazas de todo el país, incluyendo Salta, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. El motivo principal es el rechazo al proyecto de ley enviado recientemente al Senado, el cual las organizaciones denuncian como un ajuste bajo la excusa de la transparencia.
La postura del Consejo Municipal de Comodoro Rivadavia
Carla Sueldo, Presidente del Consejo Municipal de Discapacidad de Comodoro Rivadavia, calificó el proyecto como incongruente con la garantía de derechos. Señaló que se trata de la séptima vez que un proyecto de esta naturaleza ingresa al legislativo, a pesar de que la justicia dictaminó previamente que se debe cumplir con la ley de emergencia vigente. Asimismo Sueldo criticó que el Estado vuelva a interpelar a personas ya certificadas, como si la discapacidad fuera una elección.
Desde el Consejo se anunció que realizará pronunciamientos y solicitará a sus representantes en el Senado que no apoyen el proyecto.
Ejes críticos: Pensiones, Trabajo y Salud
La protesta se fundamenta en tres ejes que afectan el día a día del sector:
- Inestabilidad de las pensiones: Se obliga a un reempadronamiento obligatorio que podría resultar en la pérdida automática del beneficio si no se cumplen nuevos requisitos médicos y sociales.
- Castigo al empleo formal: La iniciativa propone que las pensiones sean solo el 70% de una jubilación mínima —aproximadamente $336.000, cifra que Sueldo ubicó por debajo de la línea de indigencia— y prohíbe el acceso a un empleo formal para quienes reciben el beneficio.
- Crisis en los tratamientos: La desregulación de las prestaciones eliminaría el nomenclador nacional, permitiendo que obras sociales y prepagas paguen menos por servicios esenciales como kinesiología o traslados, poniendo en riesgo la continuidad de los tratamientos.
Se espera que la jornada de mañana tenga una gran convocatoria, con un pedido claro al Congreso: que no se apruebe la ley sin antes escuchar a los verdaderos protagonistas
