Falta de recursos en la salud pública, trabas administrativas en obras sociales y un sistema nacional de pensiones no contributivas en “stand-by” desde 2023 sobrecargan la atención municipal. Luciana Bordón, Directora General de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad, advierte sobre las crecientes barreras que enfrentan las familias vulnerables.
La demanda de asistencia, asesoramiento e intermediación para personas con discapacidad en Comodoro Rivadavia no cesa de aumentar. A diario, vecinos y familias acuden en busca de contención ante un panorama cada vez más hostil, signado por demoras extremas en el sistema público de salud, trabas burocráticas en obras sociales y prepagas, y la paralización total en el otorgamiento de nuevas Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral a nivel nacional.
Desde la Dirección General de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad del municipio, su titular, Luciana Bordón, detalla la compleja realidad que atraviesa la comunidad local y los enormes desafíos logísticos e institucionales que enfrenta el equipo para brindar respuestas efectivas.
Pensiones frenadas y barreras tecnológicas
Uno de los reclamos más recurrentes y críticos se centra en las pensiones no contributivas por invalidez laboral. Aunque el trámite puede iniciarse formalmente a través del portal web de ANSES, en la práctica se encuentra paralizado.
“La realidad es que a nivel nacional este recurso económico está frenado desde el año 2023. Se pueden iniciar las pensiones y nosotros asesoramos a las familias, pero la respuesta que les damos es que no tenemos garantía de cuándo vayan a salir. Hoy hablamos de un largo plazo e incierto, del cual no sabemos cuándo se van a otorgar”, explicó Luciana Bordón.
La reestructuración de organismos nacionales eliminó la referencia presencial que existía previamente en la ciudad cuando operaba la Agencia Nacional de Discapacidad. Anteriormente, el equipo municipal podía rastrear el expediente, identificar qué trámite faltaba y avanzar. Hoy, todos los canales de comunicación se han reducido a formularios web y correos electrónicos.
Esta digitalización forzosa genera brechas insalvables para los sectores más vulnerables:
“Son bastantes barreras para poder acceder a la información. El recurso tecnológico es sumamente importante y saber manejarlo también. Acompañamos a las familias a completar los formularios con sus datos personales porque sabemos con la población que trabajamos, pero es un trámite personal y resulta muy dificultoso para quienes no tienen ese acceso”, agregó la funcionaria.
Un caso testigo expuesto por la funcionaria ilustra la gravedad de la paralización: un trámite que antes del cambio de gestión nacional contaba con toda la documentación aprobada y restaba únicamente una firma final, volvió a foja cero. Al día de la fecha, la persona sigue esperando mientras el sistema le requiere reiteradamente nuevos turnos y documentación que ya había sido presentada.
Salud pública colapsada y reclamos a obras sociales
La crisis socioeconómica impacta de lleno en la atención médica y terapéutica. Muchas familias no disponen de recursos para costear tratamientos de forma privada, sobrecargando el Sistema Público de Salud.
“Nos cuesta muchísimo. Tenemos turnos que los dan a dos, tres o cuatro meses cuando la persona lo necesita para el momento. Focalizamos con el equipo que tenemos para acompañar a esas familias y lograr que se garantice algo de lo que piden a través de la salud pública”, remarcó Bordón.
En el caso de quienes cuentan con obra social o prepaga, la problemática principal radica en la continua exigencia de documentación administrativa para garantizar prestaciones. Ante esto, el área municipal cuenta con asesoramiento legal interno para derivar e iniciar acciones legales mediante el Ministerio de la Defensa Pública o la Superintendencia de Servicios de Salud.
Reorganización del servicio y la necesidad de un espacio propio
Actualmente, las distintas direcciones del área operan en las instalaciones del Centro de Día, ubicado en San José de Jachal 756 (Barrio Pueyrredón). Dada la escasez de espacio físico, han debido restringir la atención presencial espontánea a los días martes y jueves de 8:30 a 13:30 hs., canalizando el resto de las consultas vía WhatsApp y correo electrónico.
“Buscamos la privacidad y la escucha activa a la persona que viene a contarnos su situación. Por una cuestión de espacio, tuvimos que establecer días fijos de atención presencial. Sabemos que deberíamos atender los cinco días de la semana, pero estamos trabajando para mejorar el servicio y continuamos la lucha por contar con un espacio propio y accesible”, concluyó Bordón.
