A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, el Gobierno nacional eliminó las compensaciones económicas a las empresas de colectivos de larga distancia. La medida genera una profunda incertidumbre sobre el cumplimiento de los viajes gratuitos y agrava la situación de un sector que denuncia un desamparo sistemático.
El Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo a su política de ajuste fiscal, esta vez afectando de forma directa a uno de los derechos más elementales de las personas con discapacidad. Mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este martes 26 de mayo en el Boletín Oficial, se dejó sin efecto el régimen de compensaciones económicas que recibían las empresas de transporte automotor de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a este colectivo y a otros beneficiarios amparados por la ley.
En la práctica, esto significa que el Estado dejará de transferir fondos a las compañías de colectivos para cubrir el costo de esos asientos. Recordemos que es un cupo de 2 pasajes por unidad (1 para la persona con discapacidad y 1 para su acompañante). Si bien la obligación legal de otorgar los pasajes gratuitos sigue vigente en los papeles, la quita del subsidio en un contexto de fuerte desfinanciamiento del sector abre un panorama alarmante: la enorme dificultad que tendrán los usuarios para hacer valer su derecho frente a ventanillas que, previsiblemente, multiplicarán las trabas para entregar los boletos.
Incertidumbre y barreras en el acceso al transporte
Las personas en situación de discapacidad y las organizaciones del sector manifestaron de inmediato su profunda preocupación ante lo que consideran una barrera económica encubierta. El temor generalizado es que, al no recibir compensación alguna, las empresas comiencen a retacear los cupos disponibles, obligando a las personas a atravesar laberintos burocráticos o disputas judiciales para poder viajar por razones de salud, trabajo o vinculación familiar.
Una ley de emergencia que se ignora
Este nuevo revés ocurre en un marco de abierta ilegalidad institucional. El gobierno libertario continúa incumpliendo la Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793), una norma clave sancionada por el Congreso de la Nación el año pasado y ratificada en reiteradas oportunidades por el Poder Judicial. A pesar del respaldo legislativo y de los fallos de la Justicia que exigen su aplicación, el Ejecutivo ha decidido mantenerla congelada.
Sin el financiamiento para los pasajes y con el sistema de apoyo al borde del colapso, el acceso efectivo al transporte de larga distancia se convierte en un privilegio inaccesible, vulnerando una vez más la autonomía y la dignidad de miles de argentinos.
