La Cámara baja acordó los plazos para discutir en comisiones la extensión del régimen hasta fines de 2027, en un contexto marcado por reclamos en prestaciones, atrasos en aranceles y la suspensión masiva de pensiones.
La Cámara de Diputados dio un paso clave al aprobar el emplazamiento de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda para tratar la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad. El cronograma estipula una reunión informativa conjunta para el miércoles 16 de septiembre a las 12:00, mientras que el miércoles 23 de septiembre, en el mismo horario, se buscará emitir el dictamen necesario para llevar la propuesta al recinto.
El proyecto en debate propone extender la Ley 27.793 hasta el 31 de diciembre de 2027, ya que la emergencia actual vence a finales de 2026. La iniciativa, presentada en agosto, cuenta con las firmas de legisladores como Juan Marino, Natalia de la Sota, Gisela Scaglia, Germán Martínez, Oscar Herrera Ahuad y Pablo Juliano, entre otros.
Conflicto por prestaciones, pensiones y aranceles
El debate legislativo se produce en un escenario de fuerte tensión entre las organizaciones del sector y el Poder Ejecutivo por la falta de cumplimiento integral de las disposiciones vigentes:
- Mecanismo de actualización: La normativa contempla ajustes atados a la inflación; sin embargo, las actualizaciones se están canalizando mediante el nomenclador, situando los montos por debajo del incremento del costo de vida.
- Pensiones no contributivas: Las pensiones por invalidez laboral alcanzan aproximadamente los $370.000 (incluyendo bonos), un valor que resulta insuficiente para cubrir la canasta básica de bienes y servicios.
- Auditorías y reclamos judiciales: La suspensión de más de 100.000 pensiones mediante procesos de auditoría derivó en la presentación de múltiples recursos de amparo judicial, mediante los cuales familias y entidades lograron restituir prestaciones.
- Situación de transportistas y profesionales: Los montos asignados al transporte adaptado continúan desfasados frente a los aumentos de combustible. Tras estar en $500 por kilómetro, el valor fue ajustado progresivamente a $700 y posteriormente a cerca de $900, lejos de los $2.400 solicitados por el sector. Por su parte, prestadores de salud y asistentes terapéuticos perciben en muchos casos haberes mensuales cercanos a los $200.000.
Un llamado urgente a la cobertura y el cumplimiento legal
Frente a este complejo panorama, la aprobación de la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad se consolida como una medida indispensable para brindar un marco de contención y previsibilidad a miles de familias, prestadores y profesionales en todo el país. Sin embargo, los referentes del sector coinciden en que la extensión formal de la normativa debe ser acompañada por un compromiso efectivo del Estado en su aplicación plena. Garantizar el cumplimiento integral de los mecanismos de actualización legal, regularizar los pagos y asegurar el acceso a las pensiones no es solo una exigencia presupuestaria, sino la obligación de resguardar derechos fundamentales que no pueden quedar desatendidos.
