En el marco de una reestructuración del Estado, el Gobierno nacional anunció este martes que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejará de funcionar como un organismo independiente. Sus tareas y programas serán absorbidos por el Ministerio de Salud de la Nación, que preside Mario Lugones.
En un nuevo paso hacia el desmantelamiento de áreas específicas de asistencia social, el Gobierno nacional anunció el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud, una medida que genera alarma en un sector que ya viene sufriendo recortes en prestaciones, demoras en pagos y dificultades para acceder a derechos básicos.
El regreso al “modelo médico”
La desaparición de la ANDIS no es solo un cambio de nombre; representa un retroceso conceptual. Al diluir el organismo dentro de la estructura de Salud, el Estado vuelve a tratar la discapacidad únicamente como una “enfermedad” a curar o asistir, y no como una cuestión de derechos humanos e inclusión social.
Para las familias, este movimiento significa perder una vía directa de reclamo y gestión, quedando atrapados en la enorme burocracia de un ministerio que ya se encuentra colapsado.
Un sector bajo ataque
Esta medida se suma a un clima de constante hostilidad hacia las personas con discapacidad. Entre los puntos de mayor preocupación destacan:
- La desfinanciación de las prestaciones: Miles de transportistas y profesionales de la salud denuncian deudas que ponen en riesgo la continuidad de terapias vitales.
- El ajuste como prioridad: El cierre de la agencia se justifica bajo la “eficiencia del gasto”, priorizando el ahorro fiscal por sobre la calidad de vida de los ciudadanos más vulnerables.
- La soledad de las familias: Sin un organismo rector independiente, las personas con discapacidad quedan más expuestas a la arbitrariedad de las obras sociales y prepagas.
Derechos en peligro
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que el Estado debe garantizar la autonomía y la participación plena. Sin embargo, el mensaje del Gobierno parece ir en sentido contrario: menos representación, menos presupuesto y una “espalda” cada vez más ancha frente a las necesidades urgentes de quienes necesitan un Estado presente, no uno que se retira.
