Tensión en Plaza de Mayo
Personas con discapacidad, familiares y profesionales se movilizaron contra el ajuste en el sector, denunciando congelamiento de tarifas, demoras burocráticas y falta de recursos, pero la manifestación fue dispersada por la Policía Federal por orden de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Una tensa jornada se vivió el lunes 14 de abril en las inmediaciones de la Casa Rosada, donde personas con discapacidad, acompañadas por sus familiares, profesionales de la salud y transportistas, se manifestaron enérgicamente contra las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei, a las que calificaron como una “motosierra” que cercena sus derechos. La protesta, que buscaba visibilizar la crítica situación que atraviesa el sector y exigir el cumplimiento de las leyes de protección integral y de prestaciones básicas para personas con discapacidad (22.431 y 24.901), fue dispersada por la Policía Federal por orden directa de la ministra de Seguridad.
La movilización se concentró en la Plaza de Mayo, a escasos metros del epicentro del poder ejecutivo, donde los manifestantes buscaban hacer oír sus reclamos ante el grave impacto del ajuste económico en sus vidas. Pacientes, familias y prestadores de servicios coinciden en denunciar que el Estado no está garantizando los recursos mínimos indispensables para la atención de las personas con discapacidad, una situación que la profunda crisis económica del país agudiza de manera alarmante.
A pesar de que los manifestantes aseguraron en todo momento que su intención no era interrumpir el tránsito vehicular –“Nosotros solo cruzamos cuando el semáforo estaba en rojo”, explicaron–, las autoridades implementaron un importante operativo de seguridad y activaron el protocolo antipiquetes, lo que culminó con la orden de dispersión de la protesta.
Uno de los principales focos de la denuncia radica en el congelamiento de las tarifas destinadas a los prestadores de servicios para personas con discapacidad. A pesar de la persistente inflación que registra el país, los aranceles del sector permanecen sin aumentos desde julio de 2024. Esta situación ha generado un significativo desfasaje entre los costos operativos y los ingresos de los prestadores, poniendo en riesgo la continuidad de los servicios y la calidad de la atención.
Otro punto crítico señalado durante la protesta fue la excesiva demora en las autorizaciones de tratamientos y prestaciones por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud y las obras sociales. Esta burocracia administrativa genera graves dificultades para que las personas con discapacidad puedan acceder a las terapias y los apoyos que necesitan, viéndose directamente afectadas por la escasez de recursos y la interrupción de sus tratamientos.
Además, el constante aumento de los costos de combustible, insumos médicos y trámites esenciales, como la Verificación Técnica Vehicular (VTV) para vehículos adaptados, representa una barrera económica cada vez más difícil de superar para las personas con discapacidad, limitando su capacidad de trasladarse a centros de atención, rehabilitación o formación.
Gilda Kriskovich, titular de Prestadores de Discapacidad Unidos (PDU), expresó su profunda preocupación por la crítica situación del sector. Según sus declaraciones, el presupuesto destinado a la discapacidad se mantiene inalterable desde 2023, un monto que resulta absolutamente insuficiente para cubrir las necesidades básicas actuales.
Kriskovich también denunció las severas dificultades financieras que enfrentan los prestadores de servicios, quienes en muchos casos deben esperar entre tres y cuatro meses para recibir los pagos correspondientes por su trabajo, mientras las tarifas permanecen congeladas. “En noviembre nos dieron un aumento de 100 pesos. Es una burla”, sentenció la representante del sector.
Este reclamo no se limita a la ciudad de Buenos Aires, sino que se extiende a diversas ciudades del interior del país, donde se repiten las demandas por una Ley de Emergencia que brinde respuestas urgentes y concretas a las necesidades de las personas con discapacidad. Los manifestantes esperan que el Congreso Nacional tome debida nota de la grave situación y que el Estado adopte medidas rápidas y efectivas para garantizar sus derechos fundamentales.
