En una votación ajustada, la Cámara Baja eliminó el capítulo que buscaba dejar sin efecto la emergencia para el sector y el financiamiento universitario. El oficialismo no logró los votos necesarios para desmantelar normativas que el Ejecutivo nacional ya había intentado vetar meses atrás.
Durante el tratamiento del Presupuesto 2026, la Cámara de Diputados de la Nación decidió rechazar la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y de la Ley de Financiamiento Universitario. Aunque el proyecto oficialista obtuvo la media sanción en general, el cuerpo legislativo eliminó el Capítulo XI, blindando así la vigencia de ambas normas frente al intento del Gobierno de Javier Milei de dejarlas sin efecto.
El revés del Capítulo XI
Si bien el presupuesto fue aprobado en términos generales con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones, la votación en particular marcó un límite para las pretensiones del Poder Ejecutivo. Al llegar al tratamiento del Capítulo XI, la oposición y bloques aliados lograron imponerse con 123 votos en contra, frente a 117 a favor y 2 abstenciones.
Este capítulo no solo proponía derogar la emergencia en discapacidad y el financiamiento de las universidades, sino que también buscaba:
- Eliminar la movilidad de las asignaciones familiares, afectando directamente a la Asignación Universal por Hijo (AUH).
- Modificar el alcance de la Ley de Zonas Frías.
El conflicto de fondo con el Ejecutivo
El intento de incluir estas derogaciones en la ley de presupuesto respondió a una estrategia para sortear la voluntad previa del Congreso. Cabe recordar que el presidente Milei había vetado ambas leyes tras su sanción original, pero las cámaras legislativas lograron insistir con dos tercios de los votos para mantenerlas firmes. Pese a ello, las autoridades nacionales han demorado su implementación alegando falta de fondos suficientes.
El respaldo judicial a la ley vigente
La continuidad de la Ley de Emergencia en Discapacidad se da en un contexto de fuerte presión judicial. Recientemente, el Juzgado Federal de Campana hizo lugar a un amparo colectivo, dejando sin efecto el Decreto 681/2025 y ordenando al Gobierno nacional la aplicación urgente de la normativa.
La ley que el Congreso decidió sostener garantiza puntos críticos para la protección del sector:
- Asegura el financiamiento y la actualización de aranceles para prestadores de servicios.
- Restablece el otorgamiento de nuevas Pensiones no Contributivas (PNC) y agiliza los trámites suspendidos.
- Permite que dichas pensiones sean compatibles con el empleo registrado.
- Impone criterios de transparencia en las auditorías realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
