Fuerte reclamo en el Congreso
Organizaciones, personas con discapacidad y familiares se movilizaron el 8 de abril en Diputados para exigir la aprobación urgente del proyecto de ley que propone declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. un proyecto que busca restablecer valores prestacionales, actualizarlos por inflación y proteger las pensiones no contributivas, denunciando el impacto negativo de las políticas gubernamentales.
El martes 8 de abril, el Anexo A de la Cámara de Diputados fue escenario de un acto enérgico y concurrido. El FORO Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, junto a sus numerosas organizaciones miembro, personas con discapacidad, familiares e instituciones del sector, se hicieron presentes para entregar formalmente notas a los 257 Diputados Nacionales. El mensaje central fue unívoco: la exigencia de la urgente aprobación del proyecto de ley que busca declarar la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.
La iniciativa legislativa, según explicaron desde el FORO, surge como una respuesta directa y necesaria al profundo ajuste económico y a la creciente estigmatización que atribuyen al Gobierno Nacional en relación a las pensiones no contributivas. A esta preocupación se suma el alerta por el “vaciamiento” que denuncian en las instituciones prestadoras de servicios esenciales para las personas con discapacidad, entidades que dependen de manera crucial del financiamiento estatal para poder operar y garantizar la atención adecuada.
El proyecto de ley presentado ante los legisladores propone una serie de medidas concretas para mitigar la grave situación que atraviesa el sector. Entre los puntos fundamentales de la iniciativa se destacan:
- Retrotraer los valores prestacionales: Se busca restablecer los montos vigentes antes de la significativa devaluación registrada en diciembre de 2023, que impactó directamente en la capacidad de las instituciones para brindar sus servicios.
- Actualización por inflación: El proyecto exige la actualización automática de los valores prestacionales en base al índice de inflación acumulado hasta la fecha, descontando los aumentos que ya hayan sido otorgados, con el objetivo de evitar una mayor pérdida de poder adquisitivo.
- Nuevo esquema de actualización: Se plantea la necesidad de establecer un nuevo criterio de actualización permanente, con un nomenclador que se ajuste a la realidad económica actual y a las necesidades específicas del sector de la discapacidad.
Si bien el FORO expresó su respaldo a las auditorías destinadas a mejorar la transparencia en la gestión de los recursos públicos, también manifestó un firme rechazo a lo que consideran un “accionar persecutorio” que afecta y genera un trato inadecuado hacia las personas con discapacidad.
Pablo Molero, coordinador del FORO, se mostró expectante respecto a la respuesta del Poder Legislativo. “Confiamos en que se consiga el número de diputadas y diputados necesarios para que la Comisión de Presupuesto y Hacienda aborde este proyecto”, señaló Molero, enfatizando la importancia de que el país sostenga una política pública orientada a quienes más lo necesitan. En este sentido, advirtió que la continuidad de las políticas de ajuste contradice una visión que reconoce la responsabilidad del Estado en la atención de los problemas sociales.
La urgencia de la sanción de esta ley se fundamenta en la necesidad de abordar problemáticas críticas como:
- Actualización de aranceles: Se considera imprescindible un ajuste inmediato de los valores prestacionales y la implementación de un mecanismo de actualización mensual que considere el costo de vida y la evolución de los salarios.
- Fortalecimiento institucional: El proyecto busca promover una coordinación más eficiente entre los diferentes organismos estatales involucrados y garantizar una mayor transparencia en la administración de los fondos destinados al sector.
- Pensiones No Contributivas por Discapacidad: Se reclama un financiamiento adecuado y sostenible para estas pensiones, cuya gestión se propone que quede a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad, bajo criterios claros y con una denominación que refleje su rol de protección social.
Finalmente, el FORO agradeció la activa participación de todos los que se movilizaron en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, de las instituciones que los atienden y de sus trabajadores, destacando que “cada presencia cuenta y hace la diferencia”. El mensaje final dirigido a los legisladores fue contundente: “Diputadas y Diputados Nacionales: tienen en sus manos la oportunidad de reparar y legislar por los derechos de las personas con discapacidad. ¡No desoigan un reclamo justo y urgente!”.
