Actualizado el 25 abril, 2025 en Prestaciones y Asesoramiento Legal

Organizaciones volvieron exigir que se declare la Emergencia Nacional en Discapacidad frente al Congreso

Por Editor

Reclamo por una ley clave para personas con discapacidad

Organizaciones de la sociedad civil, familiares y prestadores de salud marcharon al Congreso para reclamar que se trate una ley que declare la Emergencia Nacional en Discapacidad. Denuncian que los recortes del Gobierno afectan gravemente los derechos y la atención de quienes más lo necesitan.

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Nuevamente el miércoles 23 de abril, un grupo de organizaciones que defiende los derechos de personas con discapacidad realizó una protesta en las puertas del Congreso Nacional. Exigieron que los diputados avancen con el tratamiento urgente de la ley que propone declarar la Emergencia Nacional en Discapacidad.

La razón del reclamo son los recortes realizados en el área de Salud por el Gobierno de Javier Milei, que generan grandes dificultades para quienes dependen de apoyos y prestaciones, dejándolos en una situación de mayor vulnerabilidad.

Durante la manifestación también participaron profesionales de la salud y prestadores de servicios, quienes remarcaron la urgencia de proteger los derechos básicos del sector hasta 2027, tal como establece el proyecto de ley.

La propuesta iba a ser debatida en las comisiones de la Cámara de Diputados, pero la sesión se pospuso por el duelo nacional tras la muerte del Papa Francisco. Ahora, el plenario fue reprogramado para el miércoles 30, cuando se espera que avance el dictamen necesario para tratar la iniciativa.

Las organizaciones remarcaron en un comunicado: “La Emergencia surge como una respuesta a la crisis estructural que viven las personas con discapacidad y quienes trabajan por su atención. La situación empeoró con el ajuste del gobierno actual”.

Karina Castagnola, representante de “Hablemos de Autismo Quilmes”, explicó que la ley busca asegurar fondos y continuidad para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y programas que sufrieron recortes en salud, accesibilidad, empleo y protección social.

El reclamo ocurre en medio de auditorías a las pensiones no contributivas, con centros para trámites saturados y largas demoras, sumando más obstáculos a las familias que ya atraviesan situaciones difíciles.