Discapacidad: Emergencia en el centro del debate
Legisladores impulsan medidas urgentes ante la crisis del sector, mientras el Gobierno Nacional cuestiona el enfoque y la viabilidad del proyecto.

En un plenario de comisiones que se concretó el 31 de abril pasado, signada por la ausencia de José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto, la Cámara de Diputados avanzó en el tratamiento de la ley de Emergencia en Discapacidad. Se aprobaron cuatro dictámenes, incluyendo uno de mayoría, que propone declarar la emergencia a nivel nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. Este dictamen, respaldado por varios bloques opositores, busca fortalecer la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, a través del financiamiento de pensiones, el apoyo a prestadores y el cumplimiento del cupo laboral, entre otras medidas.
Sin embargo, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) rechazó enfáticamente el proyecto. La agencia argumenta que la iniciativa es “regresiva” y se basa en un modelo asistencialista que ya ha fracasado, en lugar de promover la inclusión plena y la autonomía de las personas con discapacidad. La ANDIS cuestiona la falta de financiamiento para las medidas propuestas y critica a los legisladores que impulsan la ley, acusándolos de haber desfinanciado el sistema y utilizado las pensiones con fines políticos en el pasado. En contraposición, la agencia defiende la gestión actual, enfocada en reordenar el sistema, auditar pensiones mal otorgadas y desarrollar políticas inclusivas.
En este contexto, la sesión especial para tratar la emergencia en discapacidad podría tratarse a mediados de mayo, incluyendo también la votación sobre la presidencia y el reglamento de la Comisión Investigadora $Libra.
El avance en los dictámenes es un paso importante que permite abordar las necesidades de las personas con discapacidad en Argentina, aunque el debate sobre su financiamiento y la implementación de las medidas propuestas sigue siendo un desafío pendiente en el ámbito legislativo.
Mientras tanto, la situación de las personas con discapacidad, sus familias y prestadores sigue siendo desesperante. En todo el país se exige que se declare la emergencia en discapacidad para dar cumplimiento efectivo del compromiso asumido por el Estado argentino en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En consecuencia, se reclama el reconocimiento y fortalecimiento del sistema de prestaciones básicas, la pensión específica acorde a la convención, que la ANDIS tenga un financiamiento adecuado y que estén disponible los programas de apoyo, atención y asistencia a las personas con discapacidad y la participación efectiva en la elaboración de políticas públicas.


