Hartazgo e incertidumbre: Prestadores y familias exigen respuestas por la crítica situación de las personas con discapacidad
Prestadores de servicios y familiares de personas con discapacidad se manifestaron en las calles de Comodoro Rivadavia para denunciar la grave situación que atraviesan, marcada por la falta de actualización de aranceles, demoras en los pagos y la interrupción de tratamientos esenciales. La movilización, que congregó a un gran número de personas, puso en evidencia la desesperante realidad de un sector que se siente olvidado y desprotegido.
Una lucha histórica que se agrava
Marisa Casas, directora del Centro Terapéutico Nandhy, resaltó que es una problemática de larga data. “Esta es una lucha que ya viene desde hace muchos años a través de los diferentes gobiernos. Tanto familias como prestadores estamos en situación vulnerable desde hace mucho tiempo”, afirmó. Casas explicó que el sistema de integración, por el cual se abonan las prestaciones y los niños acceden a los servicios, es ineficiente: “Se abona a 60 a 90 días, las autorizaciones de las prestaciones tienen también sus demoras. Son muchas las situaciones que tiene que atravesar una familia que recibe un diagnóstico para poder acceder al tratamiento que necesita su hijo”.
La directora de Nandhy hizo hincapié en la falta de reconocimiento al trabajo de los prestadores y a las necesidades de las familias. “Este año no hubo ningún tipo de aumento, los aumentos que se dan siempre son a fuerza de este tipo de recursos, de manifestar, de visibilizar. Es como que no hay un reconocimiento del trabajo y de que hay familias que necesitan apoyo y contención, y no sumarle más carga a la que pueden llegar a atravesar día a día”. El último aumento, un irrisorio 0,8%, fue en diciembre, y desde entonces no han tenido novedades. Casas enfatizó la necesidad de un estudio acorde a cada prestación y la inflación, destacando que “las reuniones de directorio, conformadas mayormente por miembros del gobierno de turno, siempre nos llevan a pérdida”. Por último, la directora del Centro Terapéutico Nandhy, sostuvo que la ley de emergencia que reclaman es para garantizar que “muchos tratamientos que se presentaron desde enero no están aprobados hasta el día de la fecha, lo que significa que son niños que no están accediendo a su tratamiento o no pueden continuar con el mismo”.
El impacto en las familias: entre la angustia y la lucha por los derechos
Fabián Duarte, padre de Zoe, una niña con discapacidad, compartió su dura experiencia. “Mi hija Zoe tiene una discapacidad a raíz de que un perro le atacó la cabeza y quedó con secuelas neurológicas graves, con un tratamiento de por vida”. Duarte relató las dificultades para asegurar las prestaciones de su hija, desde medicación y atención médica hasta traslados a Buenos Aires para tratamientos en el Hospital Garrahan. “Hoy la situación se va agravando, ya que los pagos se dilatan, se suspenden las terapias, la entrega de insumos, que era algo puntual, hoy ya no lo es así porque falta dinero. Nos entregan en cuotas”, lamentó.
La continuidad de las prestaciones representa una carga económica insostenible para las familias de manera particular. “Una entrevista común con un profesional no baja de los 30 a 40 mil pesos. Imaginate eso por la cantidad de sesiones que ella tenga por semana. Son cuatro, después tenemos los traslados, la estadía, la medicación, los insumos, todo hace al día a día del bienestar de ellos”, explicó Duarte. El padre de Zoe fue enfático en su reclamo: “Los padres tenemos que ir al juzgado federal y a través de un recurso de amparo obligar a que se respete la ley. La ley está, nada más que no se respeta, no se cumple y no lo hacen cumplir desde el Estado”.
Prestadores al límite: “Esto es histórico”
Lourdes Herreira, terapista ocupacional que se desempeña en el Centro de Rehabilitación Neuropediátrico Pilares desde hace dos años, describió la precarización que viven los profesionales. “Esta lucha que venimos atravesando viene desde tiempo atrás. Pero se agravó por la falta de actualización en lo que es el Nomenclador Nacional de Discapacidad, desde diciembre no recibimos aumentos”. Herreira denunció que “muchas obras sociales han cortado las prestaciones de los niños con discapacidad y no están brindando los equipos que se solicitan, que son indispensables para la calidad de vida de los chicos”. Además, remarcó que los salarios de las acompañantes terapéuticas y maestros de apoyo a la inclusión quedaron “muy por debajo de la canasta básica”, obligando a los padres a compensar de su bolsillo para que sus hijos puedan gozar del derecho a tener un acompañante en la escuela.
La movilización en Comodoro Rivadavia dejó en claro que hay un hastío por las promesas incumplidas y la necesidad de acciones concretas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y dignificar el trabajo de quienes los asisten.
