Prestaciones y Asesoramiento Legal
Incluye condonación de intereses y multas y, entre otros beneficios, no requiere de pago a cuenta
Un grupo de acompañantes terapéuticos y prestadores se presentó hoy a las 7:30 de la mañana en las oficinas de Seros en Comodoro Rivadavia para exigir respuestas ante la crítica situación de los pagos atrasados. Fueron recibidos por el subdelegado local, quien, aunque mostró predisposición, confirmó las dificultades administrativas que atraviesa la obra social provincial.
La vocera del grupo, María de los Ángeles Ponce, explicó que la situación se ha vuelto insostenible para los profesionales de la salud y la discapacidad. Mientras que en otras localidades del Valle algunos prestadores recién percibieron septiembre, en la zona sur la incertidumbre es total.
“Estamos en enero y seguimos esperando”
Ponce detalló que la cadena de pagos está cortada y que la falta de previsibilidad es el mayor problema. A diferencia de otras gestiones donde existía cierta autonomía de caja chica en Comodoro para pagos mínimos, actualmente todo depende de la tesorería central en Rawson.
“Hay colegas que no han cobrado octubre, no hemos cobrado noviembre y de diciembre olvídate, porque ya se presentaron las facturas y no hay señales. Estamos en el mes de enero, no puede ser que estemos con este tipo de atraso”. — María de los Ángeles Ponce.
La profesional destacó la diferencia con otros sistemas donde las fechas son claras: “Si vos sos prestador te ponen una fecha y sabés que los fondos están, pero con esta gente es totalmente incierto, es una nebulosa a veces”.
El impacto en las familias y el riesgo de corte de servicios
Uno de los puntos más alarmantes es la inviabilidad del sistema de reintegros para el bolsillo de las familias. Según explicó Ponce, cubrir de manera particular el equipo interdisciplinario (terapia ocupacional, fonoaudiología, maestra de apoyo, acompañante terapéutico) implica costos mensuales que oscilan entre los 4 y 5 millones de pesos.
“Lamentablemente, Chubut no está pasando una buena situación económica y hay muchas familias que se están quedando literalmente sin obra social. Empieza a repercutir en el sistema Incluir Salud, que tampoco está pagando”.
Ante este panorama, muchas familias están evaluando judicializar los casos. “Si tenés la firma de un juez, a los 14 días hábiles de presentada la facturación tienen que abonar sí o sí”, señaló Ponce, indicando que esta vía o los contratos ante escribano público parecen ser las únicas salidas para garantizar la continuidad de los tratamientos.
Sin receso y con rumores de mayores plazos
La situación se agrava con rumores sobre una nueva resolución que podría estirar los plazos de pago a entre 60 y 90 días, lo cual, según los acompañantes, complicaría aún más el escenario.
Mientras tanto, los centros de atención y los profesionales no han podido tomarse receso estival —salvo las fiestas— debido a la necesidad imperiosa de seguir facturando para subsistir. “No pueden darse el lujo de cortar terapias”, concluyó Ponce, adelantando que de no haber soluciones inmediatas, continuarán asistiendo cada 15 días a la delegación o incluso viajarán a Rawson para gestionar los cobros directamente.
En el inicio de esta semana, la renovación de los beneficios de transporte en Comodoro Rivadavia se convirtió en un camino lleno de obstáculos para personas con discapacidad y jubilados. Entre las altas temperaturas y filas de varias horas, la urgencia por actualizar la tarjeta SUBE generó un malestar que llegó a las autoridades.
Desde Comunidad Inclusiva compartimos la información oficial actualizada para que puedas realizar el trámite con mayor comodidad y sepas cómo viajar mientras tanto.
¿Qué necesitás llevar?
Para completar la validación y evitar inconvenientes futuros, recordá concurrir con:
En un nuevo paso hacia el desmantelamiento de áreas específicas de asistencia social, el Gobierno nacional anunció el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud, una medida que genera alarma en un sector que ya viene sufriendo recortes en prestaciones, demoras en pagos y dificultades para acceder a derechos básicos.
El regreso al “modelo médico”
La desaparición de la ANDIS no es solo un cambio de nombre; representa un retroceso conceptual. Al diluir el organismo dentro de la estructura de Salud, el Estado vuelve a tratar la discapacidad únicamente como una “enfermedad” a curar o asistir, y no como una cuestión de derechos humanos e inclusión social.
Para las familias, este movimiento significa perder una vía directa de reclamo y gestión, quedando atrapados en la enorme burocracia de un ministerio que ya se encuentra colapsado.
Un sector bajo ataque
Esta medida se suma a un clima de constante hostilidad hacia las personas con discapacidad. Entre los puntos de mayor preocupación destacan:
Derechos en peligro
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que el Estado debe garantizar la autonomía y la participación plena. Sin embargo, el mensaje del Gobierno parece ir en sentido contrario: menos representación, menos presupuesto y una “espalda” cada vez más ancha frente a las necesidades urgentes de quienes necesitan un Estado presente, no uno que se retira.
